Aumento de la violencia policial divide a Río de Janeiro

Es una escena que se repite, en promedio, cinco veces por día en Río de Janeiro: la policía abre fuego y alguien muere.

Grupos de derechos humanos y de víctimas de la violencia en Brasil han encendido las alarmas por el incremento récord en el número de muertos a manos de la policía, 1075 personas en los primeros siete meses del año. Al mismo tiempo, el gobernador del estado, Wilson Witzel, y el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro alientan una política de “tolerancia cero” contra el crimen y defienden mayor inmunidad para policías que maten por error.

En un balance por el primer semestre de su gestión, Witzel celebró que la policía perdió el “miedo a matar”. Pese a la preocupación que genera en parte de la población el aparente incremento de la violencia policial, las mejoras registradas en algunos indicadores de seguridad dividen opiniones sobre el accionar de la fuerza en un estado aquejado por el crimen desde hace décadas.

El gobernador ha adoptado una postura similar a la del presidente Bolsonaro, quien capitalizó el problema de la violencia convirtiéndolo en eje de la campaña que lo catapultó a la Presidencia de Brasil en 2018. Al igual que el gobernador y el presidente, muchos brasileños creen que las víctimas fatales de la policía son un daño colateral que debe asumirse en el combate al crimen.

“Infelizmente, la policía hoy necesita ser muy dura”, dice Isaque Samora, un conductor de Uber que vive en Duque de Caxias, un municipio emplazado en un área del estado que registra altos índices de delitos.

Samora dice que sólo trabaja durante el día para no ser blanco fácil de los delincuentes. Sin embargo, no ha evitado vivir en carne propia la inseguridad. Dos meses atrás, desprevenido, entró en una favela mientras llevaba a un pasajero. A los pocos metros, bandidos armados con pistolas y fusiles interceptaron su auto y le apuntaron a la cabeza creyendo que era policía.

“La seguridad sólo mejoraría rápidamente si todos los ciudadanos fuesen policías”, dice Samora, poco optimista con que haya una mejora drástica pronto. El año pasado votó por Bolsonaro seducido por la promesa de ser inflexible contra los criminales.

La policía de Río ha mostrado una nueva tesitura, haciendo eco del discurso de Bolsonaro y del gobernador Witzel. La fuerza estuvo involucrada en 1144 tiroteos en el primer semestre, un 25% más que en 2018, según Fuego Cruzado, una plataforma que monitorea la violencia. El comienzo del segundo semestre mostró que la tendencia no se ha revertido. Julio de este año, con 194 óbitos, fue el mes con mayor número de muertos por intervención de agente del estado al menos desde 1998.

A la par de un aumento de los muertos por la policía, hay números que avalan una posible mejoría en la seguridad del estado. Luego de siete meses, los homicidios cayeron 23%, los robos de vehículo 22% y la cantidad de drogas aprehendidas aumentó 9% respecto al mismo período del año anterior.

La violencia rebasa a Río, un estado donde cada día mueren 17 personas asesinadas, y es un problema acuciante en la mayor nación de Latinoamérica, que en 2018 fue escenario de 51.589 homicidios según datos preliminares del Foro brasileño de Seguridad Pública y el sitio de noticias G1.

“Existe un hartazgo con el avance de la criminalidad. Las medidas de represión más duras van al encuentro de la población que no soporta más vivir con índices de criminalidades tan altos”, explica el politólogo Ricardo Ismael, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río).

Desde antes de asumir el cargo en enero, el gobernador Witzel, un exmilitar y exjuez sin experiencia en la política, ha arengado a las fuerzas de seguridad a ser “truculentas” contra los delincuentes y a perder el “miedo a matar”.

El mensaje parece haber llegado a los agentes. En siete meses, las fuerzas de seguridad mataron al mayor número de personas en los últimos 21 años, momento en que comenzaron los registros.

Entre los centenares de muertos hay delincuentes fuertemente armados perseguidos por las autoridades pero también personas inocentes que quedan en medio del fuego cruzado y se convierten en víctimas de balas perdidas tanto de agentes del estado como de delincuentes.

No existe un documento que detalle las identidades de los fallecidos a causa de la presencia policial.

“Los hombres del gobernador están saliendo a dispararle a gente inocente”, reclama Jocely do Rozário Junior, quien culpa al estado por la muerte de su niño de 11 años.

En mayo pasado, Kauã, el hijo de Jocely, andaba en bicicleta como cualquier otra tarde en Vila Aliança, una favela de Río de Janeiro tomada por el tráfico de drogas, cuando en su camino apareció la policía. Según su padre, en medio de una persecución de sospechosos, la policía disparó y lo hirió. Cinco días después de recibir un diagnóstico de muerte cerebral, el niño que soñaba con algún día convertirse en pastor falleció.

Dentro de su pequeña casa, Jocely muestra los barriletes con los que su hijo jugaba. Luego de quince años viviendo en la favela, la violencia y la nostalgia por el recuerdo de su hijo lo llevaron a plantearse un objetivo hasta hace poco impensado: abandonar Vila Aliança.

La policía no reconoce haberle disparado al niño y dice que el caso está bajo investigación. No obstante, Jocely, basado en relatos de supuestos testigos del hecho, no tiene dudas de la culpabilidad de la policía.

“Mi hijo no era adulto ni traficante. No era nada, pero vivía con miedo cada vez que veía a policías”, dice Jocely. “No puedo callarme porque si no Kauã será solamente uno más en la estadística”.

Al gobernador no le preocupa el aumento de las muertes causadas por la policía.

Según Witzel, es natural esperar que los óbitos generados por la policía continúen aumentando durante su mandato como un síntoma de que está “golpeando fuerte” a la criminalidad, sentimiento que comparten muchos brasileños.

“Nunca vi a ningún agente matando por gusto. Cuando la policía mata es porque ejerció su función para evitar un riesgo mayor. En la sociedad civil, quien no hace nada errado, no tiene qué temer”, asegura Sonia Manzano, de 57 años e integrante de un movimiento de ultraderecha que defiende una intervención militar en el país.

No hay sondeos que dejen ver qué porcentaje de la población apoya o rechaza la política de seguridad del gobierno.

Vía AP

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