El Gobierno del Reino Unido ha llevado a consulta una propuesta de ley que permita multar con hasta 500.000 libras (equivalente a 572.000 euros) a los directores de empresas que realicen llamadas comerciales no deseadas a los ciudadanos.
Este hecho se ha convertido en un problema mayor en el país británico, donde está prohibido. Pese a ello, hasta este momento solamente se multaba a las compañías infractoras, que a veces optan por declararse en bancarrota para no pagar la cuantía por la sanción.
La propuesta, sometida a consulta de las partes interesadas antes de ser llevada al Parlamento, daría más competencias a la Oficina del Comisariado de Información (ICO, en inglés), que sería la encargada de multar a los directores de las compañías.
Vía 20 minutos
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