Afirman que la tarifa social no llega a 7 de cada 10 usuarios que podrían solicitarla

La tarifa social no llega a 7 de cada 10 usuarios del Gran Buenos Aires que tendrían derecho a solicitar la tarifa social para los servicios de agua corriente, energía eléctrica y gas. Es lo que surge de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo provincial junto a la Universidad Católica Argentina (UCA) que indica que el segmento de la población con ingresos queapenas cubren la canasta básicay que perciben algún programa social, el 66,8% está excluido de la tarifa social de la luz; el 79,5% de la del agua corriente; y el 72,1% de la del gas.

Entre las causas del no acceso a la tarifa de sectores vulnerables están la imposibilidad de demostrar bajo qué condiciones ocupan una vivienda -falta de documentos como escrituras o contrato de alquiler- los ingresos informales, falta de información de los usuarios y hasta trabas burocráticas que ponen las empresas a la hora de finalizar el trámite..

En el caso de la energía eléctrica, 66,8% excluido se debe a que “un 54,6% está conectado pero sin tarifa social y un 12,2% que ni siquiera tiene una conexión, de manera predominante en villas y asentamientos”..

Para el servicio del agua, el 79,5% de la población vulnerable no accede a la tarifa social (48,3% conectada pero sin el beneficio y 31,2% sin conexión). Esto pasa por “ el elevado nivel de carencia que manifiestan los hogares, con los estratos residenciales intermedios con mayor cantidad de población excluida del beneficio, ya que el más bajo –por ausencia del servicio- como el más alto –por no necesitarla- prácticamente no tienen tarifa social”.

Para el servicio del gas, “el 72,1% de la población vulnerable no está alcanzada por la tarifa social cuando sí debería hacerlo. Este total surge del promedio entre usuarios de gas en red y garrafa: quienes no perciben el beneficio en el primer grupo son el 76,5%, mientras que en el segundo son el 69,7%”, dice el Informe.

“Una de las cuestiones recurrentes que dificultan el acceso a este derecho es la falta de información por parte de las empresas. Se trata de un dato para tener en cuenta sobre todo en un contexto donde muchos usuarios reciben un servicio deficiente o ni siquiera lo reciben”, sostuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, a la vez que solicitó “que se amplíen los alcances del beneficio a todos los servicios públicos, para contemplar a los usuarios que, aunque no encuadren en los requisitos exigidos, tengan dificultades para afrontar el pago de las facturas”.

Vía Clarín 

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