Europa adelanta a España en la regularización del ‘home sharing’

“Un día me hice la pregunta: buscar un segundo trabajo o prestarle las llaves de mi casa a un extraño para alquilársela”. La necesidad de encontrar una nueva fuente de ingresos fue el detonante para que Daniela Domingos abriera las puertas de su piso ubicado en el colorido centro de Lisboa a los turistas.

A sus 31 años, Daniela es una de los 2.000 anfitriones de Airbnb en la capital portuguesa. En su caso, alquilar una habitación y hacer uso de las zonas comunes cuesta entre 19 y 26 euros la noche, en función de la época del año. “Esto no va de compartir tu casa, sino de compartir una historia, porque los viajeros buscan proximidad, conectar con una experiencia que va más allá de las cuatro paredes”, explica la joven. Y subraya: “Abrir mi casa para ganar más dinero no resulta más sencillo que compatibilizar dos trabajos, pero sí más divertido”.

Desde el 1 de mayo, los anfitriones de Lisboa se encuentran, cuanto menos, más amparados. La capital lusa se ha sumado a la lista de ciudades que han alcanzado un acuerdo con Airbnb para promover la denominada economía colaborativa y regularizar una actividad cada vez más extendida no solo en Portugal, sino en todo el mundo.

Lisboa apuesta por el ‘home sharing’

El Ayuntamiento de la ciudad ha dado un paso al frente para el desarrollo de un modelo turístico sostenible y transparente, adaptado a la nueva realidad social, con el impulso de un paquete de medidas junto a la plataforma tecnológica. Entre ellas, la recaudación directa de la tasa turística de los anfitriones adheridos a Airbnb, que la compañía remitirá a la administración cada trimestre mediante un proceso automatizado. El gravamen por pernoctación en Lisboa es una iniciativa que se aplica desde el pasado 1 de enero, y que obliga a cada turista a pagar un euro por noche, con un máximo de siete noches.

Una anfitriona prepara la habitación que alquila a viajeros a través de la plataforma Airbnb
Una anfitriona prepara la habitación que alquila a viajeros a través de la plataforma Airbnb

Ambas partes trabajan también para fomentar las normativas de ámbito local que beneficien a la fórmula de compartir piso entre individuos. Desde el consistorio luso definen el papel del home sharing como “importante” por su contribución a la economía, la creación de empleo y el crecimiento de la economía familiar. “La implementación de este acuerdo con Airbnb es un paso importante para simplificar los procesos tributarios y clarificar las normas de intercambio para los huéspedes”, explica el edil Joao Paulo Saraiva. Para Airbnb se trata de un acuerdo significativo, porque refleja la creciente apertura de las ciudades en la economía colaborativa, en una capital, Lisboa, situada en el top ten de la compañía en volumen de negocio.

La experiencia de Daniela Domingos como anfitriona se repite a diario en otras ciudades del mundo. Tantas como 34.000 repartidas en 191 países. La web tecnológica contabiliza dos millones de anuncios de usuarios que se aventuran a compartir su hogar. En total, más de 70 millones de viajeros ya se han alojado en una casa anunciada a través de Airbnb.

¿Cómo se regula Airbnb en el mundo?

Lisboa se ha lanzado a explorar las oportunidades que ofrece este nuevo modelo de cooperación. No es la primera ciudad, ni será la última, que opta por regular el home sharing. “El acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Lisboa es similar a otros que ya se han implementado en más de 30 regiones de todo el mundo, y que van más allá de la recaudación de la tasa turística”, explica Andreu Castellano, portavoz de Airbnb.

“La actitud de Airbnb es siempre dialogante y constructiva, partiendo de la base de que cada ciudad tiene sus particularidades”, sostiene Castellano, quien pone el acento en las cuestiones que Airbnb trata con las administraciones públicas con el fin de regularizar la actividad del home sharing: la seguridad de los anfitriones, la calidad del servicio, la simplificación de los trámites o la lucha contra el fraude.

Londres

Recientemente ha aprobado una ley que permite a sus habitantes alquilar su vivienda por un máximo de 90 días al año, sin que sea obligatorio solicitar un permiso como ocurría hasta entonces según una normativa de 1973. El consistorio londinense asegura que esta modernización de la legislación garantiza al ciudadano el acceso a la economía colaborativa y a beneficiarse de las innovaciones recientes en las tecnologías de la información.

“Muchos de los millones de visitantes que recibe Londres, así como los residentes del Reino Unido, quieren vivir una experiencia como locales, y esto es una oportunidad para la capital de adaptarse al estilo de vida del siglo XXI”, destaca el documento escrito que se presentó en el parlamento en febrero de 2015 para actualizar la ley en esta materia.

París

Como en el caso de Lisboa, Airbnb alcanzó un acuerdo con el gobierno local para recaudar y pagar la tasa turística en nombre de sus anfitriones. En la actualidad el Ayuntamiento aplica un recargo de 0,83 euros por noche y persona. La colaboración entre la administración y la plataforma tecnológica también va dirigida a promover y aplicar una normativa municipal clara del home sharing.

En París cualquier persona puede alquilar su vivienda habitual por un período inferior a los cuatro meses, sin el requisito de solicitar un permiso a la autoridad local. Para poder ampliar este límite, el anfitrión debe iniciar trámites administrativos para adaptarse a una nueva categoría en el uso de su vivienda. El incumplimiento de esta normativa activa de inmediato un protocolo en el que Airbnb envía una carta al usuario recordándole la obligatoriedad de cumplir con la regulación específica.

Más de 70 millones de personas de todo el mundo ya se han alojado en una vivienda anunciada en Airbnb
Más de 70 millones de personas de todo el mundo ya se han alojado en una vivienda anunciada en Airbnb (John Macdougall / AFP)

Milán

La región de Lombardía aprobó en setiembre de 2015 una normativa que regula la economía colaborativa. En la misma se especifica que el home sharing no es una actividad profesional y por lo tanto los residentes son libres de compartir su vivienda. Los anfitriones, como ocurre en las ciudades de París y Londres, pueden alquilar su hogar sin necesidad de pedir un permiso.

Ámsterdam

La capital holandesa y Airbnb promueven el intercambio responsable de vivienda y la simplificación del pago de la tasa turística. “El acuerdo refuerza la reputación de Ámsterdam como ciudad hospitalaria que abraza la innovación y la economía colaborativa”, aseguraba el consistorio en un comunicado. La plataforma obliga a los usuarios a declarar activamente que entienden y se comprometen a cumplir la normativa como paso previo a la publicación del anuncio. Airbnb también se encarga de recaudar a las autoridades locales el correspondiente impuesto turístico.

¿Y en España?

Mientras los primeros países de Europa y los Estados Unidos ya han regulado, total o parcialmente, la práctica del home sharing, España sigue anclada en la casilla de salida sin un marco que contemple esta actividad que solo en Barcelona generó un impacto económico de 740 millones de euros en 2015. En un artículo publicado el 17 de abril en Lavanguardia.com, el portavoz del colectivo Sharing España, José Luis Zimmermann avisaba que “para que la economía colaborativa continúe desarrollándose en España se debe regular pensando en el interés general, puesto que el ciudadano quiere precios más baratos pero no saltándose la normativa”.

No obstante, la posición de España en la casilla de salida no es sinónimo de inacción. En Catalunya ya se ha dado luz verde a la futura regulación de la economía colaborativa con la creación de comisiones interdepartamentales que trabajarán este fenómeno sector por sector. En materia turística, la voluntad de la Generalitat de Catalunya es establecer marcos de colaboración con las organizaciones implicadas para definir, siempre caso por caso, qué es actividad particular y qué profesional.

Esta regulación evitaría el actual vacío legal que deja al margen de toda normativa el alquiler entre particulares de la vivienda habitual de manera esporádica y temporal. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre elAyuntamiento de Barcelona abrió un expediente sancionador a diferentes plataformas, entre ellas Airbnb. Una decisión que acarreó una multa de 60.000 euros a cada empresa “por publicitar viviendas sin el número de Registro de Turismo de Catalunya y por no responder a los requerimientos de la administración”, según informó en su momento el consistorio municipal.

Barcelona sancionó en diciembre de 2015 a plataformas como Airbnb por anunciar pisos ilegales
Barcelona sancionó en diciembre de 2015 a plataformas como Airbnb por anunciar pisos ilegales
La figura del anfitrión ¿profesional?

Mientras se suceden los avances, en España es obligatorio a día de hoy darse de alta como profesional turístico para alquilar una vivienda. “Lo que Airbnb reclama es una regulación clara del home sharing, que permita a los particulares alquilar su vivienda habitual o una parte de ella de manera esporádica y temporal; un marco legal, distinto al de los profesionales”, asegura Andreu Castellano.

Para la compañía, sus usuarios “no son profesionales del turismo, y por lo tanto, no deberían contar con una carga administrativa o regulatoria igual a la que tienen los profesionales”. En este punto, el concepto de economía colaborativa que defienden las plataformas como Airbnb choca con la postura de actores del sector turístico como la Confederación Española de Hoteles (CEHAT), que considera esta actividad como un “negocio con la vivienda privada que busca un lucro económico”.

La CEHAT critica la ausencia de un marco regulatorio único que “permita a todos los actores implicados jugar con las mismas cartas”, según palabras de su secretario general, Ramon Estalella. En un escrito presentado días atrás ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, la patronal pide que “los pisos privados para alquiler de estancias cortas se integren en la legislación como alojamiento turístico”.

Por su parte, Airbnb defiende el rol del “ciudadano productor” y considera que el home sharing y el alquiler de una vivienda vacacional “son diferentes”, ya que en este último caso “la casa o el piso se alquila con un uso exclusivo dedicado al turismo, y por lo tanto no es la residencia habitual de una persona”.

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